El alcalde de Atarfe, Víctor Sánchez (PSOE), el teniente alcalde, el concejal de Medio Ambiente y un cargo de la Junta de Andalucía se sentarán en el banquillo de los acusados imputados por la Fiscalía en un delito contra el Medio Ambiente. Éste es el resultado de una larga labor de vigilancia y denuncia realizada por el Seprona de la Guardia Civil de Granada, iniciada hace aproximadamente dos años, en relación a un vertido de alpechín y al posterior sellado con materiales contaminantes de las balsas que lo contenían en Sierra Elvira.

El fiscal, en sus conclusiones, determina que tal actuación puso en grave riesgo los recursos subterráneos de la zona, debido al riesgo de filtraciones. Algo que adquiere una mayor relevancia si se tiene en cuenta el valor natural del subsuelo del lugar (con cavidades famosas como Raja Santa) y de la declaración de zona de Bien de Interés Cultural (BIC) por el yacimiento arqueológico que alberga. Por ello, solicita una condena de un año y medio de prisión y dos de inhabilitación para los citados imputados o, alternativamente, ocho años de inhabilitación para cargo público.

Según el escrito de acusación, al que tuvo ayer acceso IDEAL, la relación del alcalde y de los dos concejales con el sellado de las enormes balsas de alpechín con «tierra, escombros y elementos metálicos» es directa. Una empresa compró los terrenos donde, anteriormente otra almazara había construido cinco balsas donde depositaba el alpechín. Los responsables de esta entidad «se pusieron en contacto con el Ayuntamiento de Atarfe, en concreto con los tres acusados, quienes acordaron que sería el Consistorio quien se encargaría de las obras necesarias del cierre de las balsas», versa el escrito. Eso sí, la limpieza del alpechín resultaba cara. Y tras «descartar esta posibilidad por el precio», decidieron rellenarlo mediante tierra, escombros y elementos metálicos.

Esto, según el fiscal, originaba un grave «peligro de rotura» de los plásticos impermeabilizantes que componían las balsas. Además, la obra -que era supervisada asiduamente por los ediles imputados- «no tenía licencia, ni estudio geológico previo y se encargó verbalmente a una empresa». Esto dio lugar a una denuncia del Seprona, pero el rellenado de las balsas siguieron adelante.

Seis meses más tarde, los agente de la Guardia Civil volvieron a realizar una inspección, y detectaron un «importante derrame de alpechín por las laderas». Volvió a ser denunciado y la Confederación Hidrográfica de la Guardia Civil tomó muestras para analizar. El resultado: «tenían un altísimo contenido de sólidos en sus pensión» de dos componentes contaminantes. Dichos vertidos, «por el volumen de residuos enterrados, constituían un «evidente riesgo de afección generalizada a los recursos subterráneos de toda la zona», debido a la composición geológica del lugar, con numerosas cuevas.

Posteriormente, la consejería de Cultura de la Junta declaró zona BIC (Bien de Interés Cultura) la zona arqueológica de Sierra Elvira y ordenó paralizar las obras que se venían realizando. Entre otros, un informe del arqueólogo de la delegación no daba lugar a dudas: «estos vertidos suponen una actuación ilegal de alto impacto negativo contra el bien arqueológico y medioambiental de la zona». A pesar de todos los indicios y de las denuncias, el jefe de servicio de bienes culturales de la Junta de Andalucía, según el fiscal, emitió un informe a la dirección general para que «levantara la orden de paralización del vertido sobre las balsas de alpechín, pese al conocimiento de la falta de legalidad de la obra». Finalmente, la asociación de arqueólogos de Granada denunció la detección de aceite en el agua del paraje conocido como 'Raja Santa', ubicado a escasos 700 metros de las balsas sobre las que tantas veces se había alertado del peligro de filtración.

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