La AEIH informó que solicitó una opinión legal a Finjus sobre la resolución del ayuntamiento de Santo Domingo Oeste que establece un arbitrio de un centavo por cada peso vendido por las empresas de esa demarcación. En una carta dirigida a Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH) afirma que la citada resolución no implanta una nueva tarifa por concepto de servicios municipales, sino que se trata de un nuevo impuesto en detrimento de algunos sectores productivos, los cuales juegan un papel fundamental en la economía y generan la mayor parte de los puestos de trabajo en esta zona. El arbitrio busca penalizar a las industrias y/o empresas fabricantes de cervezas, ron, plásticos, hormigón, cementos, ventas de productos químicos, cigarrillos, distribuidoras de gas, gasolina, aceites y lubricantes.

“Entendemos que dicha resolución viola y/o contradice preceptos legales establecidos por los artículos 37, 55, 85 y 99 de nuestra Carta Magna, así como los principios de legalidad tributaria, supremacía de la Constitución y separación de los poderes. De igual forma, en lo que al sustento de los hechos se refiere, consideramos que se trata de una resolución injustificable e irresponsable”, señala la AEIH en su carta.

La organización empresarial se preguntó si no existen mecanismos legales para hacer cumplir las normas ambientales y el pago de los servicios municipales, como la disposición de multas, limitación o restricción de actividades, el decomiso y/o incautación y la prohibición o suspensión temporal o provisional de las actividades, y hasta en caso extremo la clausura parcial o total del establecimiento en donde se lleven a cabo actividades que generan un daño al medio ambiente. La entidad, además, realizará una reunión con las empresas afectadas y dos consultores legales. Están dispuestos a mantenerla El secretario general del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, Francisco Cordero Matos, dijo que no están dispuestos a dejar sin efecto esta resolución porque entienden que es legal, porque –según él- los cabildos tienen derechos a cobrar arbitrios por el uso de los espacios terrestres y aéreos.

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